La debacle electoral del oficialismo en las PASO generó un impensable cambio de roles entre el gobernador Juan Manzur y su, desde hace un tiempo, enemigo político, el vicegobernador Osvaldo Jaldo. La “fórmula política” que Manzur conformó con Jaldo data de 2015, siendo ratificada en 2019 hasta 2023.
El presidente Alberto Fernández debió reformular todo su gabinete, como consecuencia de esta derrota electoral, cumpliendo una pública exigencia de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Manzur aceptó el ofrecimiento del mandatario nacional para desempeñarse como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno federal. Su pedido de “licencia especial” a la Legislatura para hacerse cargo de sus nuevas funciones, deberá ser concedido o rechazado por el órgano legislativo. Se descuenta su aprobación y ello importa que Jaldo debe asumir temporariamente el Ejecutivo provincial por ser su reemplazante natural, con todas las consecuencias que ello importa. Jaldo deberá cumplir, a cargo temporariamente del Ejecutivo, con la obligación de remitir a la Legislatura el proyecto de presupuesto anual de la provincia. De igual modo, Manzur debió remitir las Cuentas de Inversión 2020 sobre el cumplimiento de la ejecución de la última Ley de Presupuesto Anual. Son dos instancias institucionales de gran impacto. Mientras funcionó coordinadamente la dupla Manzur-Jaldo, el vicegobernador nunca habilitó la instancia democrática prevista como deber legislativo en el artículo 67, inc. 3º de la Constitución, para que el pleno de la Legislatura debatiera, entre mayoría y minorías, la aprobación o el rechazo de las cuentas de inversión remitidas entre 2015 y el 2020.
La oposición legislativa, en esos períodos, guardó silencio sobre las perdidas oportunidades de examinar el manejo de cuantiosos fondos públicos por parte del oficialismo, que quedaban aprobados “tácitamente” por una inconstitucional norma de la Ley de Administración Financiera. Manzur, claro ganador en las PASO sobre Jaldo en la interna del Frente de Todos, cede temporariamente a su adversario político, por prescripción constitucional, el manejo del Ejecutivo en temas claves. Quizás ahora, por primera vez, producto de sus enfrentamientos, observemos en la Legislatura debates democráticos sobre el proyecto de presupuesto anual y el propio de la Legislatura, convocándose a los legisladores a examinar las cuentas de inversión, aprobándolas o rechazándolas.
Personalmente, estoy persuadido que ello no ocurrirá, porque el secretismo y la ausencia deliberada de una ley de acceso a la información pública, son dos postulaciones que unifican y caracterizan al manzurismo jaldista.